El 17 de diciembre, el Senado dio por aprobada la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) correspondiente al próximo ejercicio fiscal, autorizando un presupuesto de defensa por 901.000 millones de dólares. Ahora quedó a disposición del poder ejecutivo para su promulgación.

La ley establece un aumento del 3,8 % en el salario del personal militar y define el marco de financiamiento y prioridades del Departamento de Defensa. El texto, de más de 3.000 páginas, refleja un proceso de negociación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, alineándose en términos generales con las prioridades de seguridad nacional de la actual administración, aunque incorporando mecanismos de control legislativo sobre decisiones del Pentágono. Entre los puntos centrales, el Congreso exige mantener los niveles actuales de tropas estadounidenses en Europa y Corea del Sur, condicionando cualquier reducción a consultas previas con aliados y a una evaluación formal de interés nacional.

La ley refleja asimismo una reorientación gradual de la política de defensa de Estados Unidos hacia el continente americano, en un contexto en el que el Poder Ejecutivo busca priorizar la seguridad en el hemisferio occidental. El texto evidencia tensiones entre el Congreso y el Pentágono ante el desplazamiento del foco estratégico desde Europa hacia América Central, el Caribe y América del Sur, incorporando exigencias de mayor supervisión legislativa sobre operaciones militares en esas áreas. En particular, la normativa solicita información detallada sobre acciones militares en aguas internacionales del Caribe y establece límites a decisiones unilaterales del Departamento de Defensa, al tiempo que preserva compromisos tradicionales en otros teatros mediante la fijación de umbrales mínimos de despliegue en Europa y Asia Oriental.

En materia de supervisión, la legislación refuerza el rol del Congreso frente a decisiones estratégicas del Ejecutivo, incluyendo la obligación de informar sobre cambios en despliegues militares, remociones de altos mandos y modificaciones en el intercambio de inteligencia con socios internacionales. Asimismo, autoriza 400 millones de dólares anuales durante los próximos dos años para la fabricación de armamento destinado a Ucrania y mantiene disposiciones que aseguran la continuidad de la asistencia militar.

El presupuesto también incorpora reformas estructurales en el funcionamiento del Departamento de Defensa, orientadas a modificar los procesos de adquisición de armamento y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas frente a competidores estratégicos, particularmente China. En paralelo, la ley deroga autorizaciones para el uso de la fuerza militar vinculadas a las guerras del Golfo de 1991 y a la invasión de Irak de 2003, estableciendo un cierre formal de esos marcos legales.

Finalmente, la NDAA consolida recortes a programas vinculados a diversidad, equidad e inclusión dentro de las Fuerzas Armadas, eliminando oficinas y capacitaciones asociadas, así como reducciones por aproximadamente 1.600 millones de dólares en iniciativas relacionadas con cambio climático en el ámbito del Pentágono. La aprobación del presupuesto habilita el inicio del nuevo ciclo de planificación y ejecución de la política de defensa estadounidense bajo un esquema de mayor control legislativo y redefinición de prioridades estratégicas.

Fuente: Federal News Network; AP;
Fecha: 18 de diciembre de 2025

Fotografía: Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. (Fotografía de David Maiolo – Licencia Creative Commons 3.0)