El viernes 5 de julio el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, anunció que se impulsará un proyecto de ley en el Congreso para que se regule el uso de drones en Colombia. Simultáneamente se invirtió en los sistemas antidrones Drone Buster Block-3 del tipo Flex Force, de fabricación estadounidense, cuyos precios varían entre 60.000 y 100.000 dólares cada unidad. Su función es interceptar comunicaciones entre el dron y su operador para luego ordenar al equipo que descienda.

Estas medidas responden a la creciente amenaza de ataques aéreos de drones con explosivos improvisados en Colombia, especialmente en los departamentos del sur. Los grupos guerrilleros que no se habrían sumado al tratado de paz de 2016 comenzaron a utilizar drones comerciales modificados rudimentariamente para trasladar y lanzar petardos, imitando las operaciones militares en guerras como la de Ucrania, donde su uso es más sofisticado.

Según las Fuerzas Militares, hasta el día 23 de julio de 2024 se registraron aproximadamente 80 ataques de drones contra la Fuerza Pública y algunos civiles que causaron múltiples víctimas y dejaron al descubierto la falta de preparación, así como la necesidad de sistemas anti-drones en el ejército. Hasta hace poco Colombia contaba únicamente con drones de observación; los Hermes 900 y 450, Escan Eagle y otros fabricados por la industria colombiana CIAC.

En los últimos días, el General Endrick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto No.2, informó que estos aparatos ya comenzaron a dar resultados positivos. Además, las fuerzas militares anunciaron que se impulsarán los esfuerzos para contar con la capacidad de no solo derribar los vehículos aéreos no tripulados, sino también ubicar e identificar a los operadores.

Datos adicionales: Los drones adquiridos tienen una longitud de 53 centímetros y pesan 2,2kg, cuentan con una autonomía de interferencia de hasta tres horas y de detección de hasta diez horas, y puede ser operado por una sola persona.

Fuentes: El País; El Tiempo