Tribunal Penal examina las pruebas en casos de células de espionaje

El 11 de noviembre, el Tribunal Penal Especializado de Saná celebró dos sesiones para revisar causas vinculadas a células de espionaje acusadas de colaborar con “estados agresores”, según las autoridades hutíes. Las investigaciones presentadas por la fiscalía sostienen que estas células integraban una red que operaba bajo una sala de operaciones conjunta entre agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, con sede en territorio saudí. Se examinaron materiales incorporados a las causas en presencia de los magistrados y fiscales responsables.

Las autoridades hutíes señalan que el objetivo de la supuesta red era obtener información sobre la estructura militar, política y de seguridad del movimiento y de las áreas bajo su control. Entre los datos que, según la acusación, intentaban recabar se incluyen la localización de bases, depósitos de armas, campamentos y sitios de lanzamiento de misiles y drones, además de información sobre el líder hutí Abdulmalik al Huthi y otros referentes político-militares.

La acusación sostiene también que las células buscaban datos sobre expertos, laboratorios y plataformas vinculadas al desarrollo de misiles y vehículos aéreos no tripulados. Entre los procesados figuran ex empleados de la Embajada estadounidense en Saná y personal de organizaciones internacionales y de la ONU, a quienes se señala de operar bajo cobertura para infiltrarse en sectores económicos y políticos.

En las sesiones presididas por el juez Yahya al-Mansour y, posteriormente, por el juez Rabie al-Zubair, se revisaron listas de pruebas que, según la fiscalía, incluyen confesiones de los acusados, registros de comunicaciones con agentes saudíes y extranjeros, equipos de comunicación encubiertos, medios de transporte, divisas y coordenadas de objetivos que habrían sido atacados tras su identificación. El tribunal otorgó a los acusados acceso a los expedientes y la posibilidad de presentar sus argumentos en próximas audiencias.

La Fiscalía solicitó la aplicación de las penas más severas, incluida la pena de muerte, contra 21 acusados pertenecientes a nueve células presuntamente vinculadas con la red. Afirma que las acciones atribuidas a los implicados entre 2024 y 2025 provocaron la muerte de civiles, daños en infraestructura y perjuicios a los intereses políticos, económicos y militares de Yemen.


Fuente: Agencia de Noticias de Yemen
Fecha: 17 de noviembre de 2025

Fotografía: Agencia de Noticias de Yemen

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